El Corredor Cultural Chapultepec: estrategias políticas y acciones de resistencia
Por Erika Angulo
La ciudad de México –como muchas otras metrópolis latinoamericanas- no ha escapado a la lógica neoliberal de competitividad intraurbana; en los últimos años la ciudad ha sufrido diversas reformas urbanas legitimadas en estrategias propias del urbanismo empresarial, desde la construcción de una marca urbana hasta la reinversión de capital inmobiliario a través de importantes modificaciones al marco normativo. Un ejemplo emblemático de ello son las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES): megaproyectos urbanos de inversión público-privada en áreas estratégicas de la ciudad. Uno de estos proyectos es el Corredor Cultural Chapultepec (CCC), situado en la parte más céntrica de la ciudad. Conscientes de la gran información que se ha producido desde la presentación oficial del proyecto, el presente texto se propone ofrecer una visión que integre el marco normativo en el que se sustenta el proyecto, el discurso oficial para promoverlo, así como la resistencia activa de la población contra el mismo.
El Corredor Cultural Chapultepec – Zona Rosa: estrategias y discursos de legitimación
Para responder a las exigencias neoliberales, en las tres últimas décadas las grandes metrópolis latinoamericanas han generado sus propias herramientas políticas al tiempo que se adecúan a las tendencias hegemónicas, vemos circular de una ciudad a otra toda una serie de conceptos tales como bienestar social, calidad de vida, sostenibilidad o revitalización urbana –por mencionar algunos-, como parte de los discursos que rodean las prácticas gubernamentales. En el campo de lo urbano, la planeación urbana se ha constituido como una disciplina importante para modelar la actividad económica al centrarse en la gestión del espacio para atraer inversiones y más específicamente, para establecer las condiciones necesarias para la producción, circulación y reproducción del capital; esta nueva maquinaria intelectual que legitima los procesos de creación, transformación y destrucción del espacio a nivel local, ha sido denominada desde la postura crítica como urbanismo empresarial, o como dirían algunos: urbanismo pro-empresarial.
Este urbanismo, entendido como un saber que promueve la lógica del mercado, se caracteriza fundamentalmente por la operación de alianzas público-privadas en donde la administración local (el único agente que asume riesgos) promueve las condiciones óptimas para la inversión del sector privado por medio de incentivos reguladores y financieros; estas inversiones se generan en localizaciones seleccionadas estratégicamente en función de la mayor rentabilidad que puedan generar. Lo anterior implica toda una serie de ajustes a la regulación urbana, desde una planificación del uso de suelo basada en el principio del “mayor y mejor uso”, hasta la consolidación de un marco normativo flexible que permita introducir los mecanismos necesarios para intervenir zonas específicas de la ciudad. En este sentido, la ciudad se fetichiza, tal como sostienen Brenner, Peck y Theodorre (2009), las ciudades son ahora espacios decisivos donde se ejecutan las formas neoliberales de destrucción creativa, o en otras palabras, “constituyen[n] un espacio donde la mayoría de sus componentes urbanos son objeto de negocio y especulación”[1] y por lo tanto se desarrollan estrategias para la creación de una imagen urbana que invite a las inversiones productivas.
Bajo esta óptica, la literatura científica sobre América Latina resalta como manifestaciones territoriales de este proceso la creación de espacios de consumo; espacios corporativos; la construcción de megaproyectos destinados a atraer inversiones extranjeras; la inversión de capital financiero en lugares periféricos estratégicos; la recuperación de áreas centrales y el crecimiento del capital inmobiliario-financiero. Lo anterior, se traduce en la extensión de las fronteras de gentrificación y la intensificación de la polarización y segregación socioespacial.[2]
Si bien es posible reconocer experiencias similares en distintas ciudades de Latinoamérica, cada lugar tiene sus propias especificidades. En el caso de la ciudad de México, el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa se ha convertido en un ejemplo emblemático de esta práctica urbana, al presentar tres elementos sustanciales del urbanismo empresarial: adecuación del marco normativo; creación de asociaciones público-privadas y uso de una estrategia discursiva para la promoción de una zona específica de la ciudad para la inversión y generación de plusvalías para el sector privado.
En el rubro normativo, el origen más inmediato del CCC lo encontramos en las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES)[3], definidas por el propio gobierno del Distrito Federal como “espacios de desarrollo urbano estratégico con alto valor agregado que fomentan, mediante la co-inversión pública y privada y en coordinación con el Estado, tanto el mejoramiento de la infraestructura urbana como la creación de espacios con potencial de desarrollo desde las perspectivas empresarial, cultural, científica y educativa, entre otras”.[4] Es decir, son áreas de la ciudad caracterizadas por encontrarse en una etapa de subutilización, o deterioro, lo que en términos económicos permite generar altas rentas para los inversores privados, tal como sostiene la perspectiva teórica, en este caso el Estado actúa como facilitador tanto de recursos legales como materiales y financieros. Si bien las ZODES no constituyen una figura legal por sí misma, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (2010), éstas se pueden ejecutar a través de instrumentos como Polígonos de Actuación, Programas Parciales de Desarrollo y Áreas de Gestión Estratégica (AGE´s). Resaltamos las AGE´s toda vez que a diferencia de los mecanismos anteriores, no requieren consulta pública, pueden desarrollarse en cualquier área de la ciudad y no se sujetan al uso de suelo determinado en otros instrumentos.
Pero las reformas espaciales no se sustentan únicamente en la normativa urbana. En este caso, también existen otras figuras contempladas en la Ley de Desarrollo Económico, donde destacan las Áreas de Desarrollo Económico y Social (ADES) que permiten modificar el uso de suelo a favor de desarrolladores inmobiliarios, y las Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de negocios que a través del Programa de Incorporación Temporal de Bienes (PITB) hace posible -por medio de un decreto- la desincorporación de bienes públicos a favor de particulares, sin necesidad de recurrir a otras formas de concesión establecidas en la Constitución. Con este escenario normativo, se articulan mecanismos legales que favorecen la iniciativa privada y que permiten intervenir el espacio urbano sin restricciones. Aunque las ZODES Ciudad de la salud y Ciudad del futuro eran las que llevaban mayores avances en términos de planeación y gestión pública, en Agosto de 2015 la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX –antes Calidad de Vida S.A. de C.V.-)[5] anunció que había obtenido por 40 años la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de la Avenida Chapultepec, donde el gobierno de la ciudad sólo recibirá el 5% de los ingresos generados. Para hacer viable la construcción, operación y explotación del polígono concesionado, se creó un fideicomiso con carácter de irrevocable, en el que participan ProCDMX con la aportación del título de concesión, el consorcio Proyectos de Infraestructura Chapulltepec[6] con un depósito de 50 millones de pesos y el Deutsche Bank como fiduciario.
La Avenida Chapultepec es una de las avenidas principales de la ciudad de México, ubicada en el centro-poniente conecta con el corredor financiero Reforma y el Centro Histórico; se caracteriza precisamente por estar en una etapa de destrucción creativa u obsolescencia –desde el punto de vista económico-, ya que cuenta con inmuebles subutilizados y muchos de ellos en deterioro o abandono. El proyecto CCC contempla un polígono de 116 mil m2 que incluye la Avenida Chapultepec en el tramo que va del metro Chapultepec a la Glorieta de Insurgentes (1.3km de longitud) y las calles adyacentes de la colonia Juárez, Roma y Condesa, respectivamente. Como se puede advertir, se promueve el regreso a la ciudad central, una zona privilegiada en cuestión de infraestructura, accesibilidad, conectividad y servicios públicos.
El proyecto propuesto contempla la construcción de 79 m2 que incluyen un parque lineal en cuatro niveles, estacionamiento, área comercial y cultural, o en otros términos, no es más que la transformación de la imagen urbana en una avenida comercial que permite integrar espacios de consumo.
El CCC ha sido definido como “un proyecto que impulsa la recuperación del espacio público, donde el gobierno del Distrito Federal es socio sin aportar capital o deuda pública”, “busca ser un lugar de convivencia social para los ciudadanos”, “parque lineal más grande de Latinoamérica”, “dará a la ciudad una oferta cultural, áreas verdes y andador peatonal”, generará “7 mil 500 empleos” “privilegiará al ciudadano, su ritmo diario y la memoria de sus habitantes”, busca convertirse en un “ícono de la ciudad” y ha sido promovido como “una inspiración del High Line Park de Nueva York”[7].
Encontramos una vez más la importación tanto de proyectos como de discursos vacíos para su legitimación; por un lado tenemos una y otra vez la ciudad verde como una idea vanguardista que responde a la sostenibilidad: peatonalización de la avenida, áreas verdes, ciclo vías, etcétera. Simultáneamente se pretende con la intervención espacial, dar respuesta a problemáticas sociales como la inclusión, la seguridad, la llamada cohesión social, o el desempleo. Se trabaja entonces en el “embellecimiento, rescate -¿de quién?-y revitalización” de una zona para dotar a la ciudadanía de un espacio público de calidad, con todo un aparato retórico dirigido a la clase media.
La resistencia: la movilización ciudadana en la disputa por el espacio
A pesar del escenario existente, a diferencia de otras intervenciones urbanas el CCC rápidamente se convirtió en objeto de discusión pública, tanto desde la ciudadanía como en la academia. Uno de los factores que permitió la consolidación de una resistencia activa fue la existencia previa de una red de organizaciones vecinales en las colonias afectadas de manera directa, lo que permitió entablar un diálogo entre los diferentes actores, tales como los comités ciudadanos de las colonias Condesa y Roma, la Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, por mencionar algunos.
Uno de los principales reclamos hechos por la ciudadanía es que el proyecto no toma en cuenta la opinión de expertos y de los propios habitantes de las áreas intervenir, por lo que sostienen que las obras públicas deben decidirse mediante consultas democráticas e informadas. Luego de una constante labor de resistencia tanto en el ámbito de la opinión pública así como a través de mecanismos legales, se logró realizar una Consulta Ciudadana por medio del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), para decidir si se construía el CCC.
El 5 de diciembre de 2015, en vísperas de la consulta, una veintena de organizaciones convocaron a una manifestación en contra de decisiones gubernamentales arbitrarias y omisiones en materia inmobiliaria, con el nombre de “Marcha pacífica por la defensa de la Ciudad” los habitantes salieron a las calles y al finalizar se realizó una jornada informativa. Al día siguiente, se llevó a cabo la consulta ciudadana en la que podían votar los vecinos de la delegación Cuauhtémoc. La consulta contaba únicamente con la siguiente pregunta: “¿Debe o no realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa en el tramo comprendido entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de Insurgentes? Sí. No.” Entre los argumentos que las mismas organizaciones vecinales proporcionaron al IEDF para votar por el No, estaban los siguientes:
- Es una zona sísmica.
- No cuenta con permisos del INAH ni del INBA.
- El proyecto no ha sido transparente.
- No se han realizado estudios del impacto de abasto de agua.
- El Porcentaje de ganancia para la iniciativa privada es de 94.8%
- No cuenta con estudios de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, ni estudios de impacto económico y social.
- No se consultó debidamente a los ciudadanos.
- No beneficia a los vecinos, traerá consigo la expulsión de habitantes y la quiebra de pequeños comercios al interior de las colonias.
Paralelamente, los argumentos a favor del Sí eran: “merecemos una avenida moderna”, “la avenida está gravemente deteriorada”, “tendremos cruce peatonal mejorado”, “ganaremos seis veces más espacio público”, “disfrutaremos de actividades gratuitas”, “contaremos con seguridad e iluminación las 24 hrs”, “promoverá la convivencia entre vecinos”… En la consulta ciudadana participaron 22. 370 personas, de las cuales el 63.4% votó por el No. Aunque en términos delegacionales la participación fue baja, la mayor participación y apoyo por el No se obtuvo precisamente de las colonias con mayor proximidad a la Avenida Chapultepec.
Luego de la consulta, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal únicamente se publicó un aviso de revocación del proyecto conceptual. Sin embargo, el fideicomiso continúa vigente a la espera de otra propuesta arquitectónica para intervenir la zona, al igual que el título de concesión, por lo que los vecinos de la colonia Condesa interpusieron un amparo y obtuvieron la suspensión provisional contra la declaratoria de necesidad y el título de concesión.
Aunque la disputa por el espacio público continúa, los logros obtenidos hasta el momento por las organizaciones vecinales han servido de ejemplo para alentar diversas luchas sociales, como las movilizaciones en contra de Ciudad del futuro, otra de las ZODES proyectadas por el gobierno de la ciudad.
Erika Angulo es estudiante del máster de urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la red CONTESTED_CITIES.
Notas
[1] Rodríguez y Rodríguez, 2012, p. 106.
[2] Delgadillo y Olivera, 2014; Janoschka, 2002; Janoschka e Hidalgo, 2014; Ornelas 2000; Rodríguez y Rodríguez, 2012; y otros. (Ver erika INVI)
[3] Las ZODES se anunciaron en 2014 y continúan aún en la etapa de planeación que hasta el momento contempla la construcción de 5 megaproyectos: Ciudad de la salud (Delegación Tlalpan), Ciudad del futuro (Delegación Coyoacán), Ciudad verde (Azcapotzalco), Ciudad Administrativa (Delegación Cuauhtémoc) y CCC (Delegación Cuahutémoc).
[4] http://www.grieta.org.mx/zonas-de-desarrollo-economico-y-social-zodes/, consultado en enero 2016.
[5] Empresa de participación estatal mayoritaria creada en 2007 por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el fin de “diseñar, formular, así como ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de satisfactores sociales, obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México”. Véase http://www.procdmx.gob.mx/acerca-de-procdmx/historia-de-calidad-de-vida, consultado en diciembre de 2015.
[6] Conformado por las empresas INVEX Infraestructura AV y Constructora Garza Ponce.
[7] http://www.ccchapultepec.mx consultado en noviembre 2015.
Bibliografía
BRENNER, Neil; PECK, Jamie; THEODORE, Nik. Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. Temas sociales SUR. (66): 1-12, marzo 2009. Traducción de Paulina Matta
RODRÍGUEZ, Alfredo; RODRÍGUEZ, Paula. Santiago: una ciudad neoliberal. Questiones urbano regionales. 1(1): 101-124, 2012. ISBN 978-9978-9995-4-7.
LÓPEZ-MORALES, Ernesto. Gentrificación y desplazamiento en América Latina: tres factores causales concatenados. Working paper series cotestec-cities, enero 2015. ISSN 2341-2955
Páginas web
http://www.grieta.org.mx/zonas-de-desarrollo-economico-y-social-zodes/
http://www.iedf.org.mx/sites/CCChapultepec/index.php?cadena=si.php
http://www.iedf.org.mx/sites/CCChapultepec/bullets/no/01.pdf
http://www.procdmx.gob.mx/acerca-de-procdmx/historia-de-calidad-de-vida
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