¿Hacia una renovación urbana integradora?

¿Hacia una renovación urbana integradora?
Por Daniel Meza Corvalán

Es un consenso ya instalado en las discusiones sobre política urbana en Chile – o al menos entre quienes toman las decisiones  – que la integración social es un problema fundamental de las ciudades, incluso por momentos pareciera ser el principal. Siendo acogida por ambas coaliciones de gobierno, la integración social figura como primer punto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano decretada en el gobierno anterior (2010-2014), y uno de los cuatro ejes del programa del gobierno actual, además de estar siempre presente en el discurso de la nueva ministra Saball. Si bien, ello puede resultar positivo a primeras, de qué se habla concretamente cuando se habla de integración social. En la presente columna se trata de traer una reflexión buscando discutir y/o complementar cuestiones colocadas recientemente en este blog sobre la llamada integración social en materia urbana, colocando el foco en torno a su aplicación más concreta, en lo que puede identificarse con la promoción de nuevos procesos de renovación urbana – y potencialmente gentrificación – bajo esta justificativa. Hasta ahora las acciones concretas apuntan en gran medida a promover los llamados proyectos de integración social (PIS), con lo se intuye que por integración social la política pública se refieren a la disminución de la segregación residencial.

En una ciudad como Santiago, la segregación ha sido históricamente acentuada en el área urbana y de manera importante las últimas décadas. Es así como el área de aplicación de los PIS se ha enfocado en el área interior del límite urbano, como herramienta de reconversión de suelo y densificación, es decir renovación urbana. La lógica económica sería posibilitar la construcción de vivienda social en suelo urbano encarecido, generando estímulos como beneficios normativos (la posibilidad de construir más superficie) y financieros (subsidios, además de eventuales bajas en contribuciones y derechos municipales), para que de esa manera los desarrolladores produzcan viviendas para ricos y pobres sin afectar en gran medida su ganancia habitual. En esta línea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la semana pasada la suma de $4.000 millones  de pesos (US$ 8 millones) para de compra directa de terrenos al interior del área urbana durante el 2015, en una cantidad que hace mirar para las remodelaciones urbanas de principios de los setenta (que llegaron a construir vivienda social en altura en localizaciones valorizadas como Villa San Luis, Villa San Cristóbal, entre otras), pero que diferente a ello según las conversaciones con comités de allegados y la presión de los propios alcaldes – y probablemente de los mismos productores, serían terrenos destinados a proyectos de integración social.

La contradicción de esta nueva tentativa de integración social es que, en su mayoría, los postulantes del porcentaje destinado a vivienda social serían para pobladores allegados de las mismas áreas donde estos terrenos se ubican, quienes se han movilizado, en tanto el porcentaje mayoritario restante sería ofertado para otros estratos que vendrían de afuera. Cabe destacar que este plan de compra de terrenos es resultado de años y años de lucha y demanda del movimiento de pobladores, inclusive pasando a desarrollar documentos técnicos a favor de la compra de los terrenos y su destinación para vivienda social, para así lograr su permanencia, y ahora estos irán a disputar el acotado porcentaje de vivienda asequible (CMSP, 2013). En los llamados realizados hasta ahora este porcentaje representa un 20 a 30% de ‘vivienda vulnerable’ (en la práctica 70 a 100 viviendas de un total de 300 que podrían ser vendidas en un precio máximo de 850UF (US$ 39 mil)),  siendo que el ministerio podría haber destinados su totalidad o mayores porcentajes para vivienda social en zonas en que el déficit es alto y que, en muchos casos (siguiendo la lógica de la proximidad residencial de diversas clases sociales), ya estarían “integrados” debido a la extensión de proyectos inmobiliarios de reciente data dirigidos a la clase media o inclusive a la clase alta. En otras palabras se estaría supeditando la permanencia de los pobladores y la reproducción social de las clases bajas a una integración social que tiende a incorporar más un mercado inmobiliario de renovación urbana para clase media. Nos preguntamos entonces, ¿Qué argumento positivo respalda esto?

Suponiendo la segregación una patología social, como lo hace la política pública hoy, el leitmotiv de la integración social sería promover las virtudes de vivir en ciudadanía, específicamente atacando las divisiones por localización residencial. No obstante, varios estudios internacionales (Rose, 2004; Lees, 2008) muestran que no es suficiente hacer ‘vivir juntos’ a pobres y ricos (o clase media) para realizar un desarrollo más armónico. La residencia en la lógica de los hábitos de la clase media no resulta ser materia relevante para interacción social, en cuanto la realización de actividades ésta tendería a optar por auto-segregarse, buscando otras instancias (para escuelas, recreación, consumo, etc), generando situaciones de no-convivencia entre clases, pese a tener geométricamente próxima su residencia a otras clases sociales. Un ejemplo que salta a la vista de ello en Chile sería la dependencia a las autopistas y vías que conectan los enclaves o condominios cerrados de clase media y alta, en comunas populares como Peñalolén y Huechuraba, con el barrio alto, en la búsqueda por un consumo exclusivo.

Sin ir más lejos, las experiencias en Chile que han planteado la cuestión de la producción de residencias en la lógica de la integración, de manera más explícita, tampoco han tenido buenos resultados. Por ejemplo en el Programa de Repoblamiento de Santiago a principio de los noventa, cabildos ciudadanos acordaron acoger la demanda de los pobladores pobres, enfocando los instrumentos necesarios para construir vivienda social junto a departamentos tipo loft, de moda entre las clases medias altas de esos años. No obstante, en los casi treinta años de operación de esos instrumentos la producción de vivienda social ha sido más bien marginal, mientras que los precios suben y la superficie disminuye (López et al. 2014), lo que muestran que tales intenciones más bien sirvieron para dar impulso a los productores, demostrando que la renovación urbana era un mercado seguro.

Otro ejemplo, más dramático aún, es el de las ZODUC y PDUC, enclaves de producción inmobiliaria fuera del límite urbano donde los desarrolladores, además de construir la infraestructura urbana necesaria para su funcionamiento, era exigidos a construir un 8% de viviendas sociales, a cambio de poder desarrollar esos terrenos fuera del área urbana. Proyectos construidos bajo esa legislación han sido realizados desde hace algunos años sin que ninguna vivienda social fuera construida hasta ahora, y han quedadas “proyectadas” para el futuro (Trivelli, 2012). En último caso, el ejemplo del mismo subsidio a la localización, creado para solventar estos terrenos ya valorizados por el mercado de suelo, ha sido rápidamente absorbido por alzas en los precios del suelo. La lógica del supuesto subsidio a la demanda – que termina subsidiando la oferta, y/o la especulación mercado de suelo – termina cediendo terreno a los productores inmobiliarios en la búsqueda de reenfocar su operación, sus productos inmobiliarios, para una oferta de más alto estándar, más rentable como lo destaca Sugranyes (2005).

En suma, si el principio de la integración social en la política pública seguirá buscando las cuotas marginales de vivienda producida en la lógica de ‘arrimar los pobres a los ricos’, para que estos últimos no sean expulsados, sin que se afecten las rentabilidades de la acción inmobiliaria, es probable que se siga la misma historia que políticas precedentes. Sin ingenuidades, las organizaciones del movimiento de pobladores tienen claro que las reformas urbanas que permiten su permanencia no sólo servirían a los pobladores, sino también al empresariado, para mantener o subir los niveles de rentabilidad de sus actividades económicas (GUANCA, 2008), y que como Engels, distinguen en esto la necesaria localización de pobres en la ciudad “siendo considerados como una fracción del capital” (1976:63). No obstante, hoy estamos frente una disputa entre intereses inmobiliarios y productivos, donde el primero consigue tener dominio. Lo que se quiere hacer pasar es una espacie de renovación integradora como forma de restructuración de la ciudad.

Queda por reflexionar algunos puntos a partir de esta lectura. Si la integración social es tan importante para la ciudad, ¿Por qué no hay intenciones por llevarla a otras localizaciones como los barrios históricamente autosegregados del barrio alto?, o ¿Será una mera manera de colonizar nuevas zonas para el capital inmobiliario? Por otro lado, que  implicancias tendría esta necesidad por proyectos integración social y “nivelar hacia arriba” (Sabatini, et al., 2012), donde la supuesta búsqueda de integración de igual a igual más bien sería una forma de supeditar las aspiraciones de las clases bajas a las lógicas de consumo de la clase media (como señalan autores como Allen en relación a este tipo de políticas de renovación (2008))? Finalmente, en cuanto al sustento político y técnico, ¿En qué medida las metodologías actuales aplicadas a la segregación generan pautas para delinear acciones (López y Ruiz-Tagle, 2014), o más bien generan una nebulosa confusa de datos que no apuntan al problema de fondo?

 

Daniel Meza Corvalán,
Estudiante de posgrado en Universidad Federal de Rio de Janeiro
investigador Contested Cities, Nodo Santiago

 

Referencias

ALLEN, Chris (2008). Housing Market Renewal and Social Class. Nueva York: Routledge.

Consejo de Movimientos Sociales de Peñalolén (2013). El Derecho a vivir en Peñalolén. Documento Presentado al Concejo Municipal de Peñalolén Marzo 2013.

ENGELS, Friedrich (1980 [1873]). Contribución al problema de la vivienda. Moscú: Lenguas Extranjeras.

GUANCA, Lautaro (2008) La lucha por la vivienda. In: ARAVENA, Susana; y SANDOVAL, Alejandra. Política habitacional y actores urbanos. Seminario del Observatorio de Vivienda y Ciudad. Santiago de Chile: Sur.

LEES, Loretta (2008). Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance? Urban Studies, 45 (12), pp. 2449–2470.

LÓPEZ, Ernesto; MEZA, Daniel; y GASIC, Ivo (2014). Neoliberalismo, regulación ad-hoc de suelo y gentrificación: el historial de la renovación urbana del sector Santa Isabel, Santiago. Revista de Geografía Norte Grande, 58, pp. 161-177.

LÓPEZ, Ernesto; y RUIZ-TAGLE, Javier (2014). El estudio de la segregación residencial en Santiago de Chile: revisión crítica de algunos problemas metodológicos y conceptuales. EURE, 40(119), pp. 159-194.

ROSE, Damaris (2004). Discourses and experiences of social mix in gentrifying neighbourhoods: a Montreal case study, Canadian Journal of Urban Research, 13(2), pp. 278–316.

SABATINI, Francisco; RASSE, Alejandra; MORA, Pía; y BRAIN, Isabel (2012). Es posible la integración residencial en las ciudades chilenas? Disposición de los grupos medios y altos a la integración con grupos de extracción popular. EURE, 38(115), pp. 159-194.

SUGRANYES, Ana; y RODRÍGUEZ, Alfredo (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Santiago de Chile: Sur.

TRIVELLI, Pablo. (2011). La propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS 100 requiere una justificación más sólida. EURE, 37(111), pp. 179-184.

 

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