Tierra, derecho a la ciudad y movilizaciones urbanas en Marruecos

Por Ángeles Ramírez, Universidad Autónoma de Madrid[1]

Marruecos entró en el mapa de la protesta urbana de la mano de las llamadas primaveras árabes. En este país el movimiento se llamó 20F porque la primera gran concentración se produjo un 20 de febrero de 2011. Miles de jóvenes ocuparon las plazas de las grandes ciudades, convocados a través de las redes sociales y con el estímulo de diferentes grupos políticos. Sus reivindicaciones apuntaban a un cambio de régimen político y a la exigencia de derechos civiles, en tanto que lo social solo ocupaba un lugar secundario. A los pocos meses, fueron prohibidas las manifestaciones convocadas en los barrios de la periferia, porque estaban arrastrando a otros sectores de la población tradicionalmente excluídos de la acción política y que sí planteaban fuertes exigencias sociales. En los años que siguieron al 2011, el 20F fue desactivado por diferentes motivos: por la represión policial, por el miedo generalizado a un baño de sangre y por la retirada de los islamistas, que constituían una fuerza importante en el movimiento. Además, se aprobó una nueva Constitución que recogía alguna de las reivindicaciones del movimiento.

Entre los sectores populares, el 20F supuso la pérdida parcial del miedo a salir a la calle a manifestarse. Por un tiempo, las y los marroquíes tuvieron la impresión de que se podía gritar y exigir derechos. Ello provocó un repunte de la protesta, que hoy en día mantiene algunos focos importantes. Los más estables están vinculados a los derechos civiles, pero la mayor parte de las movilizaciones se relaciona con el derecho a la ciudad.

¿Qué derecho a la ciudad? Ha habido manifestaciones contra la precarización del transporte urbano (Rabat, 2009), contra la subida de la electricidad (Alcázarquivir, 2013) o contra las expropiaciones por obras públicas, pero quizás una de las más interesantes y sostenidas ha sido la movilización por el derecho a la tierra y a la vivienda en medio de fuertes procesos de urbanización. Las periferias lejanas de las ciudades han sido colonizadas por las elites urbanas, que en Marruecos no han gentrificado el centro. Las grandes inmobiliarias, constructoras y bancos han identificado un gran negocio, estimulado por las nuevas demandas de grandes espacios verdes, espacios deportivos y urbanizaciones. Para satisfacer esta gran empresa, son necesarias enormes extensiones de tierra urbanizable, transformándose así las zonas rurales en zonas residenciales en un corto espacio de tiempo. El Estado, directa o indirectamente, está siendo un actor central en el proceso.

Por ello, las movilizaciones urbanas en Marruecos no solo han de buscarse dentro de las urbes, sino contra la ciudad potencial, es decir, en la oposición a los proyectos urbanísticos, algunos de gran alcance, que desde hace una década absorben los alrededores de las grandes ciudades. El Estado marroquí ha apostado fuertemente por este modelo, comprando las tierras por medio de organismos públicos, como la CDG (Caisse de Depôt et Gestion), para venderlas a continuación a las inmobiliarias. La cuestión es compleja porque buena parte de estas tierras son de propiedad colectiva (ard yumua) o formas asimiladas, de modo que su enajenación aumenta la vulnerabilidad de pueblos enteros, de comunidades étnicas, como las llama el Ministerio del Interior, que es el gestor directo del territorio .

Las protestas que son consecuencia de las expropiaciones de tierras colectivas ligadas a este proceso de urbanización pueden agruparse, al menos, en tres tipos:

1. Las movilizaciones de las mujeres para poder percibir indemnizaciones por las tierras. En general, el orf o derecho consuetudinario niega a las mujeres el usufructo de la tierra colectiva, por lo tanto también han sido excluidas del cobro de indemnizaciones. Por eso se han organizado con algunas asociaciones feministas. El movimiento se conoce con el nombre de las Soulaliyates (o descendientes, miembros de la tribu) y se ha extendido a todo el país, consiguiendo finalmente que el Estado reconociera parcialmente, por medio de circulares coyunturales, los derechos de las mujeres sobre la tierra y habilitándolas para percibir compensaciones por expropiación. Actualmente el objetivo es que ese reconocimiento se plasme en una ley orgánica.

2. Una parte importante de la protesta tiene que ver con los abusos de las grandes empresas y la sospecha de corrupción de las autoridades durante el proceso de expropiación. Una vez que el Estado indemniza a los usufructuarios de las tierras colectivas, las vende a las grandes inmobiliarias, que a su vez las ofrecen a clientes privados. En muchas ocasiones, los campesinos son timados por las empresas y autoridades locales, que terminan haciéndose no solo con las tierras colectivas, sino con sus casas y huertas. Un ejemplo entre tantos es el del pueblo de Ouled Sbita, entre Salé y Kenitra. La oposición a un macroproyecto inmobiliario, que incluye un campo de golf de 18 hoyos, ha logrado movilizar a la población, que convoca eventualmente manifestaciones delante del Parlamento o en la propia oficina de venta de la inmobiliaria. Actualmente (mayo de 2015) los habitantes de esta zona, unas 400 familias, han recibido ya su expediente de expulsión, por lo que están obligados a abandonar sus tierras y si no lo hacen, estarán ocupando ilegalmente el territorio.

3. Por último, en muchas ocasiones, las familias luchan por el derecho a seguir viviendo en su tierra una vez que las órdenes de expulsión han sido llevadas a cabo. La población, indemnizada con cantidades que considera insuficiente, se niega a abandonar las ruinas de sus casas, aun cuando ya no pueden quedarse legalmente. La resistencia a la autoridad ha provocado tumultos y peleas considerables, hasta el punto de que la policía ha arrasado y quemado los restos del pueblo, tal y como ha ocurrido con el pueblo de Ouled Dlim[2], en la provincia de Skhirate-Témara, en los límites de uno de los barrios más exclusivos de Rabat. La antigua población del área ha pasado en unos meses de ser campesina a vivir en chabolas levantadas precariamente sobre lo que fue su tierra de labor.

La expulsión ligada a la expropiación suele ser el inicio de un proceso imparable de empobrecimiento y exclusión de las familias campesinas. Su ruralidad se traduce en Marruecos en una mayor escasez de herramientas para hacer oir sus voces o para organizarse políticamente, en un contexto de fuerte control por parte de las autoridades locales. De los tres tipos revisados, tan solo el primero recibió un apoyo sistemático de una asociación feminista importante, obteniendo un éxito relativo. En general, las movilizaciones ligadas a las expulsiones, dado que nunca afectan a más de unos cientos de personas en cada pueblo, no consiguen atrapar la atención de la opinión pública, terminando por desaparecer de las noticias y de las preocupaciones de la mayoría de la gente. Pero el recuerdo de las protestas y la resistencia de algunas de ellas, así como los conocimientos adquiridos por las asociaciones y movimientos sociales, ayuda a organizar otras nuevas. A pesar de ser Marruecos un país que reprime fuertemente la expresión pública –y privada- de la disidencia, sobre todo cuando se trata de exigir derechos sociales, la movilización contra la ciudad neoliberal no ha hecho más que comenzar.

[1] Este texto se basa en la investigación llevada a cabo con el apoyo de una beca Salvador de Madariaga 2014-2015 (Centre Jacques Berque de Rabat.), así como en la colaboración en el ámbito del Proyecto HAR2012-34053. « Revueltas populares del Mediterraneo a Asia Central: Genealogia histórica, fracturas de poder y factores identitarios », coordinado por Laura Feliu.

[2] Sobre este caso, ver el trabajo de Soraya El Kahlaoui en https://shameforummaroc.wordpress.com/2014/12/18/the-demolition-of-douar-ouled-dlim-in-rabat/#more-555

Nota: La foto de cabecera es una manifestación del movimiento 20F el día 25 de diciembre de 2011. La foto ha sido extraída de la página de activismo social www.anarkismo.net.