Haití: de los campamentos a los barrios

DE LOS CAMPAMENTOS A LOS BARRIOS: Puerto Príncipe después del terremoto.

Por Laura Natalia Moreno Segura, Investigadora y analista en temas relacionados con cooperación internacional, ayuda humanitaria y derechos humanos. Especialista en el estudio de caso haitiano y colombiano. Candidata a Doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana de la Universidad de Barcelona, Magister en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia y Politóloga egresada de la misma Universidad.

La crisis de desplazamiento intraurbano propiciada por el terremoto de 2010 aún no ha sido completamente resuelta y las respuestas dadas por los programas de relocalización no han ofrecido una mejora significativa en las condiciones de vida, ni en la reducción de la vulnerabilidad de la ciudad.

El 12 de Enero de 2010 Haití fue sacudido por un fuerte temblor de tierra que parecía ser el fin del mundo, al menos, del mundo de los haitianos. Aquel inolvidable evento fue conocido en Haití con la onomatopeya‘GoudouGoudou’, emulando el sonido que hacía la tierra mientras se movía. Pero el lenguaje siempre vivo ha permitido que está expresión se enriquezca de significados y también se ha entendido como una fractura en el tiempo, en tanto que el movimiento (el GoudouGoudou) parece no tener fin.

La pobreza y la fragilidad institucional no son características que arribaron con el terremoto, pues este país del Caribe desde la década de los 80’s figuraba con el índice de pobreza más alto de la región pese a que desde los 90’s ha sido un importante receptor de recursos provenientes de la cooperación internacional; sin embargo, el terremoto profundizó muchos de los problemas pre-existentes, removiendo no sólo el suelo que pisaban sino el inestable funcionamiento de su sociedad. En las semanas subsiguientes reinó la desolación y el caos, incluso entre las agencias de ayuda humanitaria que trataban de socorrer a los heridos y entregar ayudas de emergencia, al tiempo que buscaban entre las ruinas a miembros de sus equipos.

Los primeros meses después del desastre las calles se llenaron de refugios temporales y gente durmiendo a la intemperie, puesto que al número de casas destruidas se sumaba el miedo a vivir bajo techo, pues las réplicas no cesaban. Los terrenos vacíos se llenaron de refugios temporales,impulsados por las circunstancias y por una declaración radial del presidente Préval en la que llamaba a las víctimas del sismo a buscar un terreno vacío para instalar allí sus tiendas.Poco a poco la ayuda de emergencia fue proveyendo miles de tiendas de lona y posteriormente refugios temporales(shelter).

La estrategia generalizada de las ONG que consistió enentregar tiendas y alimentos para los habitantes de los campamentos, según afirman algunos trabajadores de agencias de cooperación comoel PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), incentivó que la gente se quedara viviendo allí en donde no tenían que pagar nada y lo recibían todo. Dicha versión contrasta con los testimonios de los habitantes de los campamentos, quienes afirman no haber vivido dignamente en los refugios que les entregaron o que ellos construyeron por sus propios medios. Estas dos posturas omnicomprensivas deben ser abordadas por estudios de caso que permitan encontrar la multiplicidad de actores y procesos que se desencadenaron para el funcionamiento de cada uno de los campamentos. No obstante, aquello que no se puede refutar es que durante el 2010 y parte del 2011 no hubo programas de relocalización dirigidos a las personas alojadas en campamentos y que, a la fecha, Puerto Príncipe no cuenta con una política de reconstrucción, lo cual ha permitido que la fase de emergencia se extendiera por más de un año–ser recomienda que no sea superior a 6 meses- y que las estrategias de reconstrucción sean fragmentadas, inconexas y en ocasiones contradictorias e, incluso, contraproducentes.

Las cifras recolectadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que el momento de mayor concentración de desplazados en campamentos se presentó en el mes de julio de 2010, cuando se contaron 1.500.000 personas. Esta cifra comenzó a decrecer rápidamente y en abril de 2011habían680.000 personas (menos del 50%). Los motivos de tal disminución no se encuentran debidamente registrados pero escuchando los relatos que sobre aquellos días tienen diferentes actores, se cuenta que ante la incertidumbre que vivían en los campamentos, muchas familias decidieron irse por sus propios medios: ‘reparando’ sus viviendas; viajando a ciudades de Provincia o viviendo con familiares. Otro mecanismo, que hasta el día de hoy se sigue presentando en muchos campamentos ubicados en terrenos de propiedad privada, es el de desalojo forzado. La propia OIM señaló en el 2011: “es evidente que muchas personas están abandonando los campamentos a la fuerza, y que los desalojos están desempeñando un papel cada vez más importante en las tendencias demográficas de los campamentos”[1].Es así que el miedo, la intimidación y la violencia también figuran entre las estrategias ‘informales’de relocalización pero sin ninguna garantía por parte del gobierno nacional o de la OIM para las familias afectadas por este fenómeno que contradice todas las normas de desplazamiento, evacuación y reubicación de desplazados internos.De acuerdo con las cifras que al respecto maneja la OIM, desde el 2010 hasta marzo de 2013, un total de 24.822 familias han sido removidas de los campamentos, de las cuales 16.104 han sido víctimas de desalojo forzado[2], es decir, el 64.87%.

La migración intraurbana que se inicia en Puerto Príncipe después del terremoto sin garantías, ni planificación, en medio de la incertidumbre, esun fenómeno que no ha sido registrado por las autoridades locales, ni por los actores humanitarios, por lo que sus efectos sobre la forma urbana y el tipo de ciudad que emerge del desastre no puede aún ser debidamente estimado, y con ello no se hace referencia simplemente a cuestiones arquitectónicas sino que también a las formas de supervivencia, agrupación, exclusión, pobreza y violencia. No obstante, lo que sí revelan estudios recientes sobre Puerto Príncipe es la aparición de nuevas bidonvilles[3], así como la ampliación de la frontera urbana por la formación de nuevos barrios construidos anárquicamente y habitados por poblaciones vulnerables, los cuales han sido alimentados tanto por las estrategias de auto-reubicación como por los programas de relocalización gestionados por diferentes ONGs, siendo la OIM aquella que más casos ha gestionado.

La estrategia de ‘vaciado de los campamentos’ gestionada principalmente por la OIM –hay otras ONG que participan del mismo programa como la American Red Cross, J/P HRO, IFRC, WorldVision, entre otras- entrega a las familias US$500 para que paguen el alquiler de una vivienda por un año. Los resultados globales ofrecidos por este tipo de programas merecen ser objeto de una evaluación exhaustiva sobre las nuevas condiciones de vida de sus beneficiarios, siendo precipitado afirmar su fracaso[4]; no obstante, las observaciones de campo realizadas por la autora del artículo durante el primer semestre del 2013 en cuatro de los barrios donde habitan familias que fueron relocalizadas, revelaron que los recursos recibidos por éstas no fueron suficientes para alquilar viviendas que, al menos, tuvieran las mismas condiciones de aquellas quehabitaban antes del sismo. Por tanto, los beneficiarios de estos recursos han desarrollado diferentes estrategias de supervivencia, entre las que se pueden contar: alquilar espacios más reducidos por el mismo valor que pagaban antes del sismo –situación muy frecuente en Campêche-;regresar al lugar en donde su casa se derrumbó para reconstruirla con sus propios modelos y técnicas, haciendo uso de los recursos entregados por las ONG pero sin ninguna vigilancia técnica –estos casos aparecieron principalmente en Panamericaine Bas-;  comprar o invadir una parcela muy pequeña de tierra en zonas aún despobladas de las partes altas de las montañas para construir viviendas de lata y lona –es el caso de MorneHôpital-; o instalarse en shelters ‘provisionales’ que poco a poco irán transformando en viviendas ‘durables’ mediante la autoconstrucción –estos casos fueron encontrados en Nerette-. Estos barrios a los que se han traslado las poblaciones relocalizadas no cuentan con acceso a servicios públicos ni sistemas de saneamiento, excepto pequeños programas que en ese sentido ha estado adelantando laOficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).Así mismo, en los campamentos que aún continúan funcionando en la ciudad se encuentran familias que, tras haber abandonado el campamento durante un año haciendo uso delos US$500 recibidos,nocuentan con fuentes de ingresos que les permitieran mantenerse fuera de éstos y han debido regresar. En ese orden de ideas, aparece un vacío en las estrategias de vaciado de los campamentos que está relacionado con la autosostenibilidad de las familias una vez son evacuadas y la reducción del riesgo y la vulnerabilidad en la ciudad, tanto humana como ambiental, lo cual limita los alcances del programa en el mediano y largo plazo. El PNUD que ha estado a cargo de uno de los programas de relocalización más grandes en Puerto Príncipe, llamado el 16/6[5], ha intentado vincular programas de empleo y capacitación a través de la OIT, pero su implementación a la fecha sigue siendo nula.

El encuentro y desencuentro entre los programas de relocalización con las diversas agendas y los múltiples actores que habitan en Puerto Príncipe generan mutaciones urbanas que hasta ahora entregan una ciudad con menos campamentos pero no con mejores construcciones, ni nuevas vías para la circulación de vehículos y peatones, rutas de conexión y acceso a los barrios, ni una ampliación del acceso a servicios públicos. Estas características del proceso de reconstrucción permiten cuestionar si la entrega de dinero para ‘relocalizar’ es una medida adecuada y suficiente para que los habitantes de los campamentos eleven la calidad de su lugar de residencia y disminuyan su nivel de vulnerabilidad, pues los datos anteriormente expuestos sugieren que el cierre de los campamentos no es en sí mismo una panacea.