El conflicto de Ofelia Nieto 29

Por Jacobo Abellán

La lucha de Ofelia Nieto 29 ha constituido uno de los hitos más relevantes del movimiento vecinal de la ciudad de Madrid en los últimos años. En este artículo se va a realizar una descripción del conflicto a través de un recorrido histórico por sus diferentes etapas.

El origen del conflicto

El origen del conflicto de Ofelia Nieto 29 (en adelante ON29) se sitúa en 2004, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprueba una revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana en el que incluye la expropiación forzosa de algunas casas en los distritos de Tetuán y Moncloa-Aravaca. Esas casas eran casas bajas construidas en su mayoría durante los años 40 y 50, de una o dos plantas. Pertenecían al tipo de construcción característico de los barrios populares en la época previa al desarrollismo, cuando la inmigración de rural empezó a poblar la periferia de la ciudad. Casas bajas pero estables, con una construcción de calidad, en donde podían vivir varias familias. El objetivo de la revisión del Plan en 2004 era reordenar la zona colindante entre Tetuán, paseo de la Dirección y el distrito de Moncloa-Aravaca para adecuarla al desarrollo urbano que estaba viviendo Madrid. Ello conllevó el diseño de una nueva estructura urbana en línea con los planes que se estaban aplicando en otros barrios de la periferia. La revisión del Plan iba destinada especialmente a facilitar la recalificación y venta de suelo para construcción de vivienda libre pero también incluía elementos de ordenación urbana como el rediseño de calles y avenidas y la ampliación de aceras. Ese diseño urbano realizado para acomodar el desarrollo inmobiliario generado por la burbuja especulativa no tuvo en cuenta el trazado previo existente de casas bajas. En lugar de respetar este entramado, se incluía la expropiación forzosa para aquellas casas que chocaban con el diseño establecido en la revisión del Plan. En total fueron 18 casas bajas las que el plan del Ayuntamiento sometió a un procedimiento de expropiación forzosa, entre las que se incluía la casa situada en la calle Ofelia Nieto nº 29, justo en la línea divisoria entre el distrito de Tetuán y el de Moncloa-Aravaca.

Durante los años posteriores a 2004, el Ayuntamiento llevó a cabo un proceso de negociación con las familias propietarias de las casas. En esa negociación el consistorio les ofrecía como compensación una suma de dinero, generalmente entorno a los 300.000 €, y el realojo en una vivienda protegida propiedad de la EMVS. En 17 de las 18 de los casos la familia aceptó la indemnización y el realojo. Solo una familia no aceptó la compensación, la familia Gracia González, propietaria de la vivienda de ON29. Señalaron que no estaban dispuestos a marcharse de una casa de su propiedad en la que habían vivido cincuenta años. Para ellos, además, el proceso de expropiación de su vivienda había sido ilegal. El caso de la expropiación forzosa de ON29 era especialmente llamativo ya que se había llevado a cabo porque una pequeña parte de su superficie (6m2) se encontraba dentro de una zona reservada por la revisión del Plan Urbanístico a zona peatonal. Desde que renunciaron a la compensación ofrecida por el Ayuntamiento, la familia Gracia González inició una batalla legal para evitar la expropiación de la casa y su posterior expulsión y derribo. Sin embargo, las sentencias judiciales fallaron todas en su contra y en septiembre de 2012 el Ayuntamiento procedió al primer intento de desalojo, que fue suspendido por error de procedimiento. En octubre, viendo que la vía legal se había agotado, decidieron acudir al Grupo de Vivienda de la Asamblea de Tetuán para pedir apoyo vecinal. Es a partir de este momento cuando se inicia la lucha contra el derribo de ON29, el objeto en el cual he querido centrar mi interés en este artículo.

 La lucha de ON29

Tras unos meses acudiendo a las asambleas del grupo de vivienda, la familia, con el apoyo de las activistas, decide poner en marcha una serie de acciones y actividades para tratar de paralizar el derribo de la casa. La primera iniciativa que llevaron a cabo fue una recogida de firmas entre los vecinos del barrio durante los meses de junio y julio de 2013. Finalmente, se recogieron más de 4000 firmas, que fueron entregadas ante el Ayuntamiento. Paralelamente a la campaña de recogida de firmas se realizó en la azotea de la casa una charla-coloquio con urbanistas para hablar sobre la especulación inmobiliaria en el barrio de Tetuán y del caso de ON29.  También un activista de la asamblea de Tetuán escribió un artículo analizando el proceso de transformación urbana que había vivido el barrio, relacionándolo con el fenómeno de la gentrificación. Se buscaba con ello darle un contenido teórico a la lucha, encuadrando el conflicto dentro de un proceso más amplio de especulación inmobiliaria y transformación urbana. La fecha del segundo desalojo estaba fijada para la mañana del 14 de agosto de 2013.  Para evitarlo, las activistas  organizaron una acampada en la azotea de la casa durante la noche anterior y convocaron una acción Stopdesahucio para el momento en el que acudiera la policía. La acampada fue muy secundada por activistas y vecinos que se solidarizaron con la causa. A la mañana siguiente, la policía acudió a la casa con intención de ejecutar el desalojo. Sin embargo, viendo que había un elevado número de personas dentro del edificio con intención de resistir, desistió y abandonó el lugar sin especificar si volverían en los próximos días. Esto fue interpretado por las activistas como una victoria fruto de la estrategia de resistencia y de la desobediencia colectiva. Durante los días posteriores los activistas decidieron permanecer en la azotea por miedo a que la policía volviera a ejecutar el desahucio. A partir de entonces, la terraza de ON29 se convirtió en un centro de activismo social, en un espacio donde confluyeron grupos de activistas por la vivienda de prácticamente todo el área metropolitana de Madrid. En ese espacio se organizaron asambleas, se debatió, se reflexionó y se tejieron nuevas redes que fortalecieron el movimiento por la vivienda.

  Las activistas se organizaron para realizar permanencias nocturnas en la azotea, de tal forma que siempre hubiera un grupo de gente por si la policía se presentaba. En algunas noches se llegaron a alcanzar las 150 personas durmiendo en la casa. Muchas vecinas del barrio y de Madrid pasaron por la casa en algún momento para mostrar su apoyo y solidaridad. La bicifestación de Bici Crítica, que recorre todos los meses las calles de Madrid, modificó su trazado habitual para solidarizarse con la lucha de ON29.  Durante esos días también se llevaron a cabo acciones para presionar al Ayuntamiento, como las acciones en el Área de Urbanismo y el Comité Olímpico Español,  la acción en las puertas del edificio del Ayuntamiento de la plaza de Cibeles o la acción en la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca. El conflicto tuvo repercusión en los medios de comunicación generalistas.  Estos hicieron un cierto seguimiento de la protesta, llegando incluso a acudir a una rueda de prensa ofrecida por la familia afectada y los activistas.  El principal canal de difusión de la protesta fueron, no obstante, las redes sociales. A través de ellas se difundieron las convocatorias y las acciones así como los llamamientos a la lucha contra el derribo y la especulación. Finalmente, el 28 de agosto finalizó el plazo otorgado por el juez para ejecutar el desalojo sin que la policía se presentara de nuevo. La familia y las activistas habían conseguido, mediante la auto-organización vecinal, una pequeña victoria.

  Conscientes de que la paralización del desalojo no significaba la cancelación del proceso de derribo, la familia y las activistas decidieron continuar con la lucha. A partir de septiembre, las activistas decidieron iniciar una campaña de boicot a la candidatura olímpica de Madrid 2020. Buscaban con esta iniciativa relacionar la candidatura con los casos de corrupción del Ayuntamiento y el modelo especulativo que se encontraba detrás del derribo de ON29.  A fin de cuentas, el modelo de ciudad que se buscaba impulsar con Madrid 2020 respondía al mismo patrón que había provocado la expropiación de ON29. En el marco de esta campaña organizaron unas “Olimpiadas de la Corrupción” en el parque del Retiro y una acción en la Puerta del Sol, en donde un activista se encaramó junto con una pancarta a una farola durante 17 horas para protestar contra la candidatura y contra el derribo de ON29. Cuatro personas fueron detenidas durante el transcurso de esta acción. Durante los meses siguientes, la familia y las activistas intentaron agotar todas las vías posibles para forzar una negociación. Registraron solicitudes de reunión con los responsables por los procedimientos establecidos, interpusieron recursos ante la justicia o promovieron manifiestos de profesionales en contra del derribo. Ya en 2014,  prosiguieron con su estrategia de presión al Ayuntamiento, con la presencia (y desalojo) de la familia y un grupo de apoyo en un pleno del consistorio, y a través de acciones como la  intervención delante del pleno de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca , la acción durante el pregón de las fiestas del barrio de Tetuán o una segunda concentración en noviembre de 2014 delante del área de Urbanismo, departamento municipal encargado de ejecutar el derribo. Esta última acción se llevó a cabo porque el Departamento de Urbanismo citó a la familia para consignarle la indemnización por el derribo, el paso previo a su ejecución. Paralelamente, se pusieron en marcha campañas de difusión y apoyo a la lucha, entre las que cabe destacar la acción “Yo también vivo en ON29”, en la cual personas solidarias enviaron fotos a través de Twitter con un cartel de apoyo a la lucha de ON29.

  Sin embargo, esta lucha colectiva de más dos años no consiguió su objetivo,  paralizar el derribo. La mañana del 27 de febrero de 2015, sin previo aviso, la policía municipal se presentó de nuevo en ON29 con una excavadora para llevar a cabo el desalojo de las familias y ejecutar el derribo de la casa. Esto pilló por sorpresa a las activistas, que no esperaban que el Ayuntamiento fuera a actuar de esa manera. Una llamada anónima advirtió del derribo pero no fue tomada en serio por la práctica totalidad de movimiento, pues no era la primera vez que se realizaba una llamada de este tipo avisando de un posible desalojo. En el momento de la llegada de la policía, apenas 15 personas se encontraban en el interior de la casa. Los pocos activistas que hicieron caso de la llamada no pudieron oponer mucha resistencia. La policía municipal antidisturbios acordó la zona y entró sin contemplaciones a la casa, deteniendo a ocho personas, incluyendo una persona de la familia y un fotoperiodista.  La rápida movilización de las redes de lucha por la vivienda durante esa mañana consiguió reunir en torno al cordón policial a decenas de personas en poco tiempo, pero ya no pudieron acceder a la casa, que se encontraba fuertemente vigilada. Algunas decenas de activistas intentaron entonces bloquear la excavadora subiéndose a ella, en un claro gesto de desafío a la policía. En el desalojo de la excavadora fueron detenidas varias personas. Posteriormente, algunas activistas intentaron impedir el avance de la excavadora hacia la casa con sentadas y barricadas con contenedores. En este momento la policía realizó algunas cargas y detuvo a algunos manifestantes más. La operación se saldó con un total de once personas detenidas. Los medios de comunicación generalistas hicieron una amplia cobertura de la jornada, aunque las redes sociales fueron otra vez el principal canal de difusión y denuncia, con hastags como #AlertaON29.  Finalmente, la excavadora, con la ayuda de la policía, consiguió llegar a la casa y ejecutar el derribo. Mientras, la familia,  activistas, manifestantes y personas solidarias observaban con impotencia desde el otro lado del cordón policial cómo se reducía a escombros el techo donde habían vivido tres familias durante cincuenta años, pero también cómo se convertían en polvo dos intensos años de luchas y trabajo colectivo.

El derribo de ON29 fue un duro golpe para la familia y activistas. Tras salir del estado de shock en el que se encontraban, convocaron para el día siguiente una #ReconstrucciON29 simbólica en el solar donde había estado la casa, una acción que recordaba a la reconstrucción del Centro Social Can Víes, derribado por el Ayuntamiento de Barcelona en mayo de 2014. Con ello pretendían denunciar las prácticas del Ayuntamiento y visibilizar que la lucha de ON29 seguía viva. En una asamblea durante esa mañana, decidieron marchar en manifestación a la Junta Municipal de distrito de Tetuán para llevar algunos de los escombros que había recogido durante la reconstrucción simbólica de ON29. Al día siguiente, el Ayuntamiento colocó la acera que había estado ocupada por la casa y que se interponía en el plan urbanístico. Esa misma noche, algunos vecinos del barrio extrajeron las baldosas nuevas de la acera como muestra de rechazo al derribo.  A los pocos días, los activistas pusieron en marcha una campaña por Twitter con el título #CulpablesON29, con la que buscaban señalar a los responsables políticos del derribo de ON29, entre los que destacaban la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la Delegada de Urbanismo y Vivienda o el Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. El lunes 9 de marzo un grupo de unas veinte activistas realizó un escrache a la alcaldesa Ana Botella para protestar por el derribo y señalarle como la principal responsable política de lo sucedido con ON29. La campaña de #CulpablesON29 y el escrache a la alcaldesa de Madrid son, de momento, la última fase de un conflicto que ha durado más de dos años y en el que todo apunta a que va a ir perdiendo intensidad con el avance de los meses.