La disputa por El Sauzal: del conflicto comunal por el plan regulador al conflicto actoral por un terreno emblemático

En materia urbana, uno de los conflictos más paradigmáticos de los últimos años ha girado en torno a la resistencia al proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Peñalolén. Si bien, no fue el primero ni el único en confrontar organizaciones de base popular contra la planificación empresarialista de los gobiernos locales, como hemos visto en casos como los de Pedro Aguirre Cerda (López-Morales, 2014) o Lo Espejo (Parraguez, 2012), u otros (ver López, Gasic y Meza, 2014), es uno de los que más significativos al haber marcado la forma de oposición a la formulación neoliberal de la planificación en Santiago [1]. La agudización del conflicto y la sucesión de eventos, que entre otras cosas tuvieron como resultado la criminalización de la protesta, con un concejal destituido de su cargo y condenado de por vida a no ejercer cargos políticos, y el propio plebiscito comunal que rechazó la propuesta de nuevo PRC en una gran convocatoria popular, han generado una serie de nuevos sucesos que demuestran que el conflicto no ha terminado.

Un poco de historia

Desde incluso antes de la Toma de Esperanza Andina (1992) y la Toma de Peñalolén (1999-2013), la principal lucha de los pobladores es la permanencia de ellos y sus hijos en la comuna. Esto se ha visto amenazado por la llegada de condominios cerrados y nuevas urbanizaciones de clase media y alta, principalmente en el llamado Peñalolén Nuevo. La victoria del plebiscito comunal, significó para las organizaciones de pobladores de la comuna de Peñalolén, asociadas a la Consejo de Movimiento Sociales de Peñalolén (CMSP), el resguardo de la comuna, pues la propuesta de PRC, además de posibilitar expropiaciones sensibles para los pobladores, generaba cambios normativos ad-hoc al interés inmobiliario tanto para construir edificaciones en altura en el límite poniente, como condominios de baja densidad en la zona oriente, con lo que la producción de vivienda social se haría aún más difícil.

A partir de este punto, las organizaciones del CMSP llamaron continuar esa senda marcada por la victoria en el plebiscito, concretando iniciativas para dar solución al déficit habitacional de la comuna (que asciende a aproximadamente a 20 mil familias según un estimado de diferentes mediciones), mediante proyectos residenciales dentro del territorio. En esta línea, se dio lugar al trabajo realizado por el CMSP en conjunto con la Secretaria Popular de Planificación territorial del Movimiento de Pobladores en Lucha (SEPPLAT-MPL) para proponer ante el municipio la iniciativa de crear un banco de suelo para vivienda social en la comuna, una medida urgente para dar una solución parcial al problema de la vivienda.

FIG 1. Plano propuesto de los terrenos a ser expropiados (Marzo de 2013). El terreno Sauzal corresponde al número 2.
Fuente: CMSP y SEPPLAT-MPL (2013).

La presión social por esta propuesta, y las gestiones para comprar los terrenos realizadas por los propios pobladores, han tenido sus primeros frutos los últimos años. Si bien no se ha creado un banco de suelo, el terreno 2, correspondientes a El Sauzal ha sido comprado y destinado en parte a vivienda social. De esta manera, los terrenos subutilizados y bien localizados, adyacentes a la Autopista Américo Vespucio Oriente, han sido finalmente expropiados por compra directa por el SERVIU y la municipalidad de Peñalolén. No obstante una gran victoria como esta, en un terreno  emblemático que podría albergar más de mil viviendas, no tardaría en abrir nuevos conflictos.

La compra de El Sauzal trajo consigo la puesta en marcha de un proyecto basado en el nuevo caballito de batalla de la actual gestión del MINVU, la integración social. En ella se pretende generar un proyecto de integración social, que proyecta un plan de loteo tanto para vivienda dirigida a sectores medios y vivienda social. Respecto a los principios de integración social, si bien pueden entenderse como una iniciativa bajo la buena intención de no generar guetos en la ciudad, vivienda social en lugares estigmatizados o segregar más las clases sociales, colocar esto como fin puede resultar dudo. Como lo plantean varios autores (Lees, 2004; Innocenti, 2013; y lo reflexiona el mismo autor en una publicación anterior en este blog), el discurso de la integración social muchas veces resulta ser un discurso vacío, que se sólo se encarga en juntar clases sociales pero no promueve un proyecto de interacción social, ni muchos menos pretende resolver las contradicciones que producen los abismos entre clases sociales.

Más allá de las diferencias teóricas y políticas respecto a la integración social, la propuesta consideró en un principio una proporción entre vivienda de clase media y vivienda social muy desfavorable para estos últimos, de un 30% contra un 70% de vivienda de clase media. Esto significaba una ofensa ante la amplia oferta de vivienda con deuda para sectores medios en sectores aledaños al terreno y, por sobre todo, el trabajo realizado por las organizaciones de pobladores para factibilizar ese terreno.

No se trata, y las organizaciones lo tienen bien claro (como se puede ver en el material expuesto por ellos más abajo), de enfrentar a la clase media con los pobres por un espacio en la comuna. La lectura que realizan las organizaciones en oposición es que estos proyectos de integración son un intermediario para incorporar cuotas de vivienda destinadas al negocio y a la rentabilidad inmobiliaria, en terrenos públicos o comprados por el Estado. Los proyectos de vivienda de clase media tienden a ser más “sofisticados” y por ende significan mayores tasas de rentabilidad para las inmobiliarias. Además, la diferencia de los proyectos de vivienda social de la política actual (DS49 en su modificación DS105), los proyectos de clase media DS01 incluyen un porcentaje de financiamiento por crédito hipotecario, es decir incorpora a la banca y al sistema de financiamiento privado que tantos estragos ha significado para las organizaciones de deudores habitacionales.

Además, cabe mencionar que la distinción en este caso de clase media y clase baja se realiza principalmente por la capacidad de compra de acceder a un proyecto de más de UF 1.000 (USD 37.300). Considerando el alza en los precios de la oferta residencial, esta diferencia más bien se traduce en vivienda social sin deuda y vivienda social con deuda, esta última dirigida a familias pobres emergentes que tienen la posibilidad de endeudamiento (y que bajo la flexibilidad de las condiciones para conseguir crédito, probablemente muchos de estos en un futuro cercano no tengan los medios para pagar las altas coutas del crédito, y menos las repactaciones que en muchos casos han traspasado lo entendido por  legal).

El momento actual

La presión social nuevamente tuvo frutos, y la proporción de vivienda con deuda y sin deuda se invirtió, siendo un 70% para los comités de vivienda sin deuda. No obstante, nuevas aristas se han abierto recientemente con el anuncio de los comités que entraran a El Sauzal. A los desconocidos planes que tiene SERVIU para la realización del proyecto, recientemente aparecidos en la prensa local (lo cual eventualmente podría ser positivo, abre una serie de incertezas y especulaciones), se suma la embestida de la municipalidad por capitalizar los logros de la compra del terreno y realización del conjunto. Esta apropiación de la lucha de las organizaciones asociadas al CMSP no sólo ha significado una falta de reconocimiento e invisibilización del conflicto y la lucha de los pobladores, sino también una exclusión de parte de las familias pertenecientes a estas organizaciones al futuro proyecto en El Sauzal.

FIG 2. Reportaje del 26/07/15 en El Mercurio, donde coloca la intención del MINVU de retomar la producción de vivienda social por medios propios.
Fuente: El Mercurio [Link]

El anuncio del jueves 30 de julio sobre la composición de comités de vivienda del proyecto trae un nuevo conflicto para las organizaciones asociadas al CMSP. En total son 70 familias de los comités del Movimiento de Pobladores en Lucha y 44 del Movimiento Pueblo Sin Techo, las que han sido rechazadas de la nomina de familias del proyecto para dar cabida a otros comités, correspondientes a organizaciones funcionales a la política municipal y otros hasta ahora desconocidos por el resto de los actores. De esta manera, y junto a un discurso que trata de encubrir las reales intenciones que tenía el proyecto de PRC de 2011 para dicha zona (edificación en altura dirigida para el modelo de renovación urbana en altura), el intento del municipio es capitalizar los beneficios políticos de la operatoria de El Sauzal, cediendo espacio a las demandas de los pobladores, al mismo tiempo que consolida un núcleo de apoyo dentro de los grupos populares, extendiendo así una política clientelista de cara a las elecciones municipales del próximo año.

Compartimos el comunicado 38 del MPL, una de las organizaciones afectadas por esta nueva maniobra del municipio. Nuevamente, no se trata de una competencia ni una guerra entre comités de vivienda, o entre comités de vivienda y postulantes individuales con acceso a crédito. No es una disputa entre pobres o entre pobres y menos pobres. Se trata de una disputa de clase, que confronta a pobladores y los actores que quieren seguir capitalizando la comuna de mano de las grandes constructoras. El enfoque de los gobiernos de la democracia cristiana desde hace más de una década ha sido tratar de conciliar el mercado y las demandas populares a través de un proyecto de comuna basado en la integración social e inclusión de los pobres, como si estos no estuviesen incluidos (y fuesen los menos favorecidos y explotados) en este sistema, y la integración sea buena per se, independiente cómo y en qué condiciones se realice.

Si bien, no creemos que la reinserción de las familias en El Sauzal atienda a las contradicciones de fondo que afectan a los pobladores de la comuna, creemos que no es posible desconocer la historia de lucha de la comuna y el actual papel de los pobladores en la escena política y urbana. La lucha por cada metro de territorio que las organizaciones de base, críticas y no clientelistas, dan en la comuna es fundamental para proyectar una comuna más justa, y hacer valer el derecho de sus pobladores de producir el Peñalolén a futuro según sus deseos y motivaciones.

 

*  por Daniel Meza Corvalán
Investigador Contested Cities Santiago,
Candidato al magíster en Geografía UFRJ (Brasil)

___________________________________________

[1] Particularmente en Santiago, las 37 comunas que componen el Gran Santiago tienen la facultad de proponer sus planes reguladores comunales en función de sus propios intereses. Si bien, existe un Plan Metropolitano que sirve de carta de navegación, este más bien es bastante liberal, produciendo una situación de competencia intracomunal en que cada comuna propone mejoras en las condiciones de constructibilidad para atraer el capital inmobiliario (López, Gasic y Meza, 2012).

Referencias bibliográficas

CMSP, y SEPPLAT-MPL. (2013). El Derecho a vivir en Peñalolén: 15 propuestas para avanzar en el problema de la vivienda dentro de la comuna. Documento de presentación frente al consejo municipal (sesión del 28 de marzo de 2013). Link [PDF]

Innocenti, D.; Mora, P.; y Fulgueiras, M. (2014). ¿Densificación como vía para conciliar negocio inmobiliario e integración social? El caso de la comuna de Santiago de Chile. Notas Públicas, 4. Santiago: Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Link [PDF]

López-Morales, E. (2012). Urbanismo pro-empresarial y destrucción creativa: un estudio de caso de la estrategia de renovación urbana en el pericentro de Santiago de Chile 1990-2005. México: Infonavit-Redalcyt. Link [PDF]

López-Morales, E.; Gasic, I. y Meza, D. (2014). Actores sociales y políticos contestando un modelo de urbanismo pro-empresarial: el lado B de la renovación urbana de Santiago de Chile. XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control. Barcelona 5-10 de mayo de 2014. Link [PDF]

López-Morales, E.; Gasic, I. y Meza, D. (2012). Urbanismo pro-empresarial en Chile: políticas y planificación de la producción residencial en altura en el pericentro del Gran Santiago. Revista INVI, 74 (26), pp. 217-246. Link [PDF]

Parraguez, L. (2012). La reconstrucción de movimiento social en barrios críticos: El caso de la “Coordinadora de Pobladores José María Caro” de Santiago de Chile. Revista INVI, 74 (26), pp. 217-246. Link [PDF]

Lees, L. (2008). Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance? Urban Studies, 45 (12), pp. 2449–2470. Link [PDF]