ABSTRACT
A finales de la década de 1990 la transición democrática del Distrito Federal reflejó cambios en la normativa urbana que introdujeron mecanismos de incentivación, fomento, especulación y condonaciones fiscales en la gestión del desarrollo urbano bajo el discurso de la ciudad compacta. En este marco la nueva Ley General de Desarrollo Urbano fue acompañada de un paquete de normas complementarias, entre ellas la Norma General de Ordenación 26 para incentivar la vivienda de interés social.
La aplicación de esta norma tras cambios realizados en 2005 ha generado una serie de afectaciones a terceros denunciadas por organizaciones de vecinos que en trabajo de resistencia han demostrado como el gobierno de la ciudad ha garantizado a empresas inmobiliarias la obtención de grandes ganancias con la tergiversada aplicación de este instrumento.
Suma Urbana, organización que enfrenta esta problemática, ha solicitado el diálogo con la autoridad y ha presentado propuestas sin tener respuestas en un nuevo momento en que los principales proyectos urbanos del Gobierno del Distrito Federal han sido rechazados y confrontados por diferentes agrupaciones de ciudadanos.