La Ley de Seguridad Ciudadana como una forma de control de la ciudad neoliberal

Por Valeria Ballesteros

En España, al igual que en otros países del mundo, el tema de la seguridad está estrechamente ligado a la aplicación de políticas de corte neoliberal y de diversas reformas estructurales que han provocado profundos cambios económicos, políticos y sociales. Bajo este modelo, el Estado gobierna a través del creciente uso del derecho, la moral y las fuerzas del orden. Las medidas de seguridad se modifican, se sustituyen o se articulan dependiendo de las formas correspondientes de control social del Estado y de las formas de ejercicio del gobierno. La seguridad en la ciudad neoliberal se convierte en una herramienta de gobernabilidad fundamental para el mantenimiento del orden. Bajo el discurso de la búsqueda de seguridad y el mantenimiento del orden público se legitima el abuso de la fuerza pública, la violencia y legislaciones que resultan contrarias a los ideales democráticos de los que presumen los gobiernos actuales. En España, el 1 de julio del 2015 el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Esta ley junto con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada son parte del paquete de las popularmente llamadas “Leyes mordaza”. En el presente artículo se referirá únicamente a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Ley de Seguridad Ciudadana: una herramienta coercitiva ante una crisis hegemónica

La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana surge en un contexto de descontento social que se evidenciaba en las constantes manifestaciones que se llevaban a cabo en las calles y en las plazas públicas desde el año 2011. Las ciudades españolas eran el escenario pero al mismo tiempo un reflejo de las condiciones económicas y políticas que se estaban dando. La gestión de la ciudad era también parte de la problemática y una de las razones por las cuales la ciudadanía decidió organizarse y, a su vez, poner en marcha distintas iniciativas mediante las cuales se buscaba un cambio de paradigma que viniera como producto de una organización desde abajo, pero esto constituía un peligro para el mantenimiento de la hegemonía.

Siguiendo a Antonio Gramsci, la hegemonía es entendida como el poder mediante el consenso. Mediante la educación, la religión y los medios de comunicación la clase dominante impone al resto de la sociedad un sistema de significados propios que diferencian lo correcto de lo incorrecto, nos enseñan cómo es el mundo y cómo debemos comportarnos en él. Sin embargo, la hegemonía no es un proceso estático, por el contrario abre la posibilidad de que se formen luchas en torno al sentido y a las formas de ver el mundo. Como resultado de este conflicto, la Ley de Seguridad Ciudadana surge como un mecanismo coercitivo de dominación por medio del uso de la fuerza para  preservar la hegemonía impuesta por el mismo grupo dominante.  Se le otorga más poder a la policía y  se busca el orden por medio de la imposición de multas, se define el correcto uso de los espacios públicos, se crean figuras enemigas y se instauran las barreras de lo legal y lo ilegal.  La estrategia consiste en castigar, y por lo tanto en desarticular, a los movimientos sociales y acallar las voces inconformes. Es claro que la emergencia de esta ley no responde a un problema de criminalidad ni de prevención del delito, sino como una estrategia de control social propia del modelo neoliberal en el que la seguridad funciona como elemento legitimador que permita contener a todos aquellos que no estén de acuerdo con los planes de la clase dominante.

Violencia, Derecho y el monopolio del Estado

Es importante analizar la emergencia de la Ley de Seguridad Ciudadana partiendo de la idea de que el Derecho es una herramienta para el restablecimiento del orden, razón por la cuál es oportuno que pensemos cómo se concibe el Derecho para poder entender cómo funciona y porqué se aborda en relación con la violencia. Diversos autores han trabajado la relación violencia-derecho; sin embargo, aquí únicamente retomaré la violencia simbólica planteado por Bourdieu. Este autor nos dice que el Derecho es un instrumento dócil en manos de quien domina. Para él, el campo jurídico es un campo a los que sólo unos cuántos pueden acceder, ya que su poder se basa  en la violencia simbólica.  Es decir, un reconocimiento basado en el desconocimiento, que consiste en hacer aparecer como fundamentadas en una autoridad trascendente, situada más allá de los intereses y de las preocupaciones de quien las formula.

Siguiendo a Bourdieu, la eficacia simbólica del derecho se hace visible cuando la acción se reconoce como legítima y se ignora su arbitrariedad. La violencia legítima se ejerce mediante la imposición de representaciones simbólicas, como el lenguaje, los conceptos, las descripciones y las divisiones categóricas sobre los receptores. De esta forma la violencia se utiliza como un recurso legitimador del Derecho que a su vez funciona para el fortalecimiento de un monopolio del Estado de violencia legítima que es necesario para reafirmar el poder del Estado en la cotidianidad. Cabe señalar, que en el caso de esta ley existe un gran número de opositores que están luchando por su derogación, pero al mismo tiempo existen  las personas para las que la ley funciona como una nueva regla que será mejor acatar. En este sentido, el miedo juega un papel importante dentro de este proceso de ruptura en la organización social, se pretende manipular a la ciudadanía a través de una serie de castigos de los cuales pueden ser merecedores en caso de no obedecer las reglas. Pareciera ser que frente al desempleo, el difícil acceso a la vivienda y la migración, las personas han quedado desprovistas de toda clase de protección jurídica, pues la voz y la organización que son los mecanismos mediante los cuales se han enfrentado a la crisis se han convertido en factores de riesgo que atentan contra su integridad y su dignidad como personas.

Contrahegemonía desde las calles: el camino hacia el cambio social

A pesar de los múltiples intentos por desarticular a los movimientos sociales que buscan revertir las políticas del miedo, la violencia y la represión de la ley mordaza, la ciudadanía se mantiene en pie de lucha y no se ha dejado vencer por el pesimismo. Prueba de ello es el trabajo de organización y difusión que llevan a cabo los activistas, juristas y ciudadanía que son parte de la plataforma “NO SOMOS DELITO”. Dicha plataforma, que en un principio luchaba por la no aprobación de la ley, ahora continúa su trabajo tratado de posicionar claramente a los partidos en contra de las Leyes Mordaza, además de llevar a cabo actividades informativas en la calle y acciones de comunicación como notas o ruedas de prensa mediante las cuales se retome el debate sobre las Leyes Mordaza en los medios de comunicación, todo ello con la esperanza de recuperar la libertad y los derechos que como ciudadanos les corresponden.

A partir de una estancia de tres meses y de un breve trabajo de campo en Madrid, me atrevo a enunciar que actualmente uno de los resultados de las movilizaciones sociales del 2011 son las nuevas formas participación ciudadana, de repensar la política, la economía, nuevas formas de hacer ciudad, se han generado nuevas relaciones sociales que han dado origen a grandes proyectos solidarios que se han fortalecido por el establecimiento de redes que trabajan juntos con un mismo objetivo y un mismo deseo de cambiar la realidad. Para los múltiples movimientos sociales, no ha sido algo fácil pues se han enfrentado a obstáculos  del gobierno, represiones sistemáticas y acciones para inhabilitar la legítima protesta social, pese a ello, se han implementado acciones civiles por medio de las cuales se están construyendo nuevos modelos de acción ciudadana.

A decir de Gramsci, es en el ámbito cultural donde se dará el campo de batalla mediante el cual se puede hacer el cambio y crear contra-hegemonía. Esto quiere decir lograr una ruptura de la hegemonía impuesta por la clase dominante a partir de un cambio de sentido y de visión del mundo. En este sentido, la cultura entendida como el conjunto de pensamientos, tradiciones, prácticas, formas de comunicación y de acción será la herramienta mediante la cual se pueda ir haciendo una transformación paulatina hacia la construcción de una sociedad unida, organizada y participativa.

Es así que la única herramienta con la que se cuenta para romper con la homogeneidad de la consciencia serán nuevas formas de educación, del fortalecimiento de las organizaciones vecinales y de los centros sociales, de la creación de nuevos medios de comunicación y de nuevos espacios de encuentro que permitan la reproducción de formas comunitarias y solidarias de actuar frente a las problemáticas producidos por la política, la economía y el aparato coercitivo del Estado. Así como también la participación ciudadana dentro del campo jurídico para la conformación de un autentico Estado de Derecho.  Como resultado de ello, la ciudad se convierte paradójicamente, en un escenario de lucha que reclama el derecho de la ciudadanía como habitantes libres de reinventar los usos y las formas de vivir la ciudad.

Valeria Ballesteros es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología de México y miembro de la red CONTESTED_CITIES.

Referencias

Bourdieu, Pierre (1991). “Los juristas los guardianes de la hipocresía” en http://es.scribd.com/doc/94421413/Bourdieu-1991-Los-Juristas-Guardianes-de-La-Hipocrecia-Colectiva.

Bourdieu, Pierre y Gunther T.(2000) “La fuerza del Derecho”. Siglo del Hombre Editores. Bogota.

Gramsci, Antonio (1975) Cuadernos de la cárcel .Tomo V. Juan pablos, México.

Nota: La foto de portada está tomada de  http://noalaleymordaza.periodismohumano.com/